Gobierno federal incumple amparo judicial para reparar escuela en Tlapa
Autoridades educativas mantienen en el abandono una secundaria en Tlapa de Comonfort, desacatando una orden judicial que exige la rehabilitación inmediata del plantel.
Padres de familia y docentes de una escuela secundaria en Tlapa de Comonfort, Guerrero, denunciaron este domingo que las autoridades federales han incumplido con la orden dictada por un juez de distrito para rehabilitar las instalaciones del plantel. A pesar de existir un amparo que obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a garantizar condiciones dignas para el aprendizaje, el inmueble presenta daños estructurales que impiden el desarrollo normal de las actividades académicas.
El litigio, que ha transitado por diversas etapas procesales en meses recientes, buscaba que se asignaran los recursos necesarios para reparar aulas y servicios sanitarios. Sin embargo, la comunidad escolar señala que, hasta la fecha, no se han iniciado los trabajos de reconstrucción ni se han presentado planes concretos por parte del gobierno federal para dar cumplimiento a la sentencia judicial emitida por el Poder Judicial de la Federación.
La situación en este municipio de la región de la Montaña refleja las complicaciones que enfrentan diversas escuelas públicas para acceder a presupuesto federal destinado a infraestructura. Los representantes de los padres de familia han manifestado su preocupación ante el deterioro progresivo de los techos y muros, advirtiendo que la falta de atención pone en riesgo la integridad física de los estudiantes que regresarán a las aulas en el próximo ciclo escolar.
Por su parte, las autoridades educativas han señalado en ocasiones anteriores que la asignación de recursos está sujeta a los calendarios operativos de la SHCP y a la disponibilidad presupuestaria. No obstante, los abogados que acompañan el proceso legal insisten en que la resolución judicial es de cumplimiento obligatorio y no debe quedar supeditada a trámites administrativos internos que retrasan la ejecución de las obras dictaminadas por el juez.
Finalmente, los vecinos de la zona han convocado a una movilización pacífica para exigir que se acate el mandato legal a la brevedad. La comunidad espera que la SEP y las autoridades estatales establezcan una mesa de diálogo que permita definir un cronograma real de obras, evitando así que el conflicto escale hacia instancias judiciales superiores por desacato a la autoridad.
