Claudia Sheinbaum decreta mayor transparencia en acceso a la información pública

La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó este miércoles 5 de agosto de 2026 un decreto destinado a erradicar la discrecionalidad en el acceso a la información pública federal. El documento, suscrito en Palacio Nacional, establece nuevos protocolos administrativos que obligan a las dependencias del Ejecutivo a simplificar los procesos de consulta ciudadana y a reducir los tiempos de respuesta en las solicitudes de transparencia.

Esta medida busca consolidar un modelo de gobierno abierto donde la rendición de cuentas sea el eje central de la administración pública. Según el equipo de comunicación presidencial, la iniciativa pretende eliminar los obstáculos burocráticos que históricamente han dificultado el escrutinio ciudadano sobre el ejercicio del presupuesto y la gestión de programas sociales en todo el país.

El decreto instruye a la Secretaría de la Función Pública para supervisar que todas las Secretarías de Estado cumplan con la apertura de datos de manera proactiva y estructurada. Asimismo, se contempla la modernización de las plataformas digitales existentes para garantizar que la información sea accesible, verificable y comprensible para cualquier ciudadano sin necesidad de intermediarios técnicos.

Aunque el anuncio ha sido recibido como un paso significativo para la institucionalidad, especialistas en transparencia han señalado que el éxito de esta política dependerá de su implementación en los niveles operativos de cada institución. El Gobierno Federal ha reiterado su compromiso de fortalecer los mecanismos de vigilancia para evitar que la información sea clasificada bajo criterios de reserva sin una justificación clara.

En las próximas semanas, se espera que el gabinete presidencial presente los lineamientos específicos para la armonización de este decreto con las leyes vigentes ante el Congreso de la Unión. Este esfuerzo forma parte de la agenda de modernización administrativa que la actual administración ha impulsado para fomentar una cultura de honestidad en la gestión pública nacional.