Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal vinculó a proceso este miércoles al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en agravio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La resolución judicial marca un avance significativo en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tras la presentación de elementos probatorios por parte de la Fiscalía General de la República.

Durante la audiencia, la defensa legal del imputado presentó 31 datos de prueba con el objetivo de desestimar las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Federal. Los abogados del exmandatario estatal buscaron acreditar la falta de elementos suficientes para establecer un vínculo directo con los actos de desaparición forzada, argumentando que las actuaciones de su representado se mantuvieron dentro de las facultades administrativas de su gestión.

El juzgador desestimó los argumentos de la defensa al considerar que existen indicios suficientes para continuar con el proceso penal. Como medida cautelar, se determinó que el exgobernador deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, mientras se desarrollan las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

El Poder Judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la Fiscalía General de la República como la defensa de Ángel Aguirre podrán recabar y aportar nuevos elementos que permitan fortalecer sus respectivas posturas antes de llegar a la etapa de juicio oral.

Este proceso judicial se mantiene bajo estricta vigilancia de las autoridades federales, en un contexto donde el caso Ayotzinapa sigue siendo una de las prioridades en la agenda de justicia nacional. Familiares de las víctimas y organizaciones civiles han seguido de cerca las diligencias, exigiendo el esclarecimiento pleno de la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en la cadena de mando durante los sucesos de hace casi doce años.