Veracruz mantiene leyes obsoletas para sancionar a conductores de plataformas digitales
El gobierno de Veracruz aplica reglamentos de transporte diseñados antes de la era de los teléfonos inteligentes para sancionar a conductores de aplicaciones.
Conductores de plataformas digitales en Veracruz enfrentan una creciente incertidumbre jurídica ante la aplicación de normativas de transporte que datan de hace casi dos décadas. Las autoridades estatales basan los operativos de retiro de unidades y envío al corralón en legislaciones diseñadas para el servicio de taxi tradicional, sin contemplar la naturaleza tecnológica de los nuevos servicios de transporte privado que operan en la entidad.
La disparidad entre la realidad digital actual y el marco legal vigente genera constantes fricciones en las calles de ciudades como Xalapa, Veracruz y Boca del Río. Según reportes de los propios operadores, los agentes de tránsito utilizan artículos reglamentarios redactados antes de la masificación de los teléfonos inteligentes para justificar el decomiso de vehículos particulares que, bajo criterios de las empresas de redes de transporte, operan bajo un modelo de movilidad privada.
Representantes de los trabajadores del volante han señalado en repetidas ocasiones que la falta de una actualización legislativa integral deja al sector en un estado de indefensión. Mientras las plataformas digitales continúan expandiendo su cobertura en la entidad, el gobierno estatal mantiene una postura de control estricto que prioriza la aplicación de sanciones administrativas bajo reglamentos que no reconocen la existencia de las aplicaciones de geolocalización.
Especialistas en movilidad urbana sostienen que esta desconexión entre la norma y la tecnología afecta directamente a los usuarios, quienes ven limitada su oferta de transporte ante el temor de los conductores a ser sancionados. Ante este escenario, diversos grupos de transportistas han propuesto la creación de una mesa de diálogo con las autoridades estatales para modernizar el marco jurídico y establecer reglas claras que permitan la convivencia entre los servicios tradicionales y las nuevas plataformas tecnológicas.
Por el momento, el gobierno estatal no ha presentado una iniciativa de reforma integral ante el Congreso local que ajuste las leyes de tránsito a las necesidades actuales. La situación permanece estancada, obligando a miles de conductores a trabajar bajo la amenaza constante de que sus unidades sean retiradas de circulación por una legislación que, en la práctica, ha sido superada por la innovación tecnológica.
