TEPJF invalida criterio del INE sobre monitoreo de descalificaciones periodísticas
La Sala Superior del Tribunal Electoral eliminó una variable de monitoreo del INE al considerar que vulneraba la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este jueves invalidar un criterio técnico aplicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el monitoreo de medios de comunicación. La medida, conocida como variable 14, tenía como objetivo identificar expresiones o comentarios que, sin ser agresiones explícitas, pudieran interpretarse como descalificaciones, menosprecio o cuestionamientos hacia actores políticos durante los procesos electorales.
Los magistrados del TEPJF concluyeron que dicho lineamiento representaba un riesgo para la libertad de prensa, al generar un efecto inhibitorio en el trabajo de los periodistas y comunicadores. Según el análisis de la Sala Superior, el estándar aplicado por la autoridad electoral resultaba subjetivo y carecía de la precisión necesaria para distinguir entre el ejercicio del derecho a la crítica y el discurso que pudiera considerarse violencia política o injuria sancionable.
El INE había implementado este esquema de monitoreo con la intención de contar con un registro más detallado sobre el tono y el enfoque de las coberturas informativas en medios impresos y electrónicos. No obstante, el fallo judicial establece que las autoridades electorales deben garantizar que sus mecanismos de vigilancia no se conviertan en herramientas de censura indirecta o de presión sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación en el país.
Con esta resolución, el Instituto Nacional Electoral deberá ajustar sus metodologías de monitoreo para las próximas etapas del proceso, asegurando que cualquier ejercicio de observación se limite a parámetros objetivos y verificables. El Tribunal enfatizó que el debate público es fundamental para la democracia y que, por tanto, la labor periodística debe contar con las máximas garantías de protección frente a intervenciones administrativas que busquen matizar o limitar el flujo de opiniones y críticas políticas.


