Sentencian a menor por asesinato de docentes en Lázaro Cárdenas
Un juez dictó tres años de internamiento para el joven Osmar y ordenó una reparación del daño superior a los 3 millones de pesos.

Un juez especializado en justicia para adolescentes dictó una sentencia de tres años de internamiento para Osmar, joven responsable del asesinato de dos maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La resolución judicial concluyó el proceso legal tras confirmarse la responsabilidad del menor en los hechos que conmocionaron a la comunidad educativa de la región.
Además de la medida de privación de libertad en un centro especializado, la autoridad judicial determinó que el sentenciado deberá cubrir una indemnización económica por concepto de reparación del daño. El monto establecido supera los tres millones de pesos, cifra que deberá ser gestionada conforme a lo estipulado por la legislación local para resarcir las afectaciones a las familias de las víctimas.
El caso, que se mantuvo bajo reserva debido a la edad del involucrado, concluye tras el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado. Durante las audiencias, se valoraron los dictámenes periciales y testimonios que permitieron acreditar la participación directa del adolescente en el doble homicidio, un suceso que generó exigencias de justicia por parte del gremio docente en la entidad.
Esta sentencia de internamiento es la medida máxima aplicable bajo el sistema de justicia para adolescentes ante este tipo de delitos. Representantes de las instituciones involucradas señalaron que el cumplimiento de esta pena busca no solo la sanción, sino también el seguimiento de los procesos de reinserción social que marca la ley mexicana para menores infractores en casos de alto impacto.
Las autoridades locales han reiterado que, tras el fallo, se mantendrán los protocolos de vigilancia en el centro de internamiento para garantizar que el menor cumpla con la totalidad de la pena impuesta. El gremio magisterial, por su parte, ha manifestado que espera que este cierre judicial brinde certidumbre jurídica y un precedente necesario para la seguridad dentro de los entornos escolares en el estado.


