Sentencia de Ismael Zambada evidencia la dimensión global del crimen organizado
El analista Federico Berrueto reflexiona sobre el impacto de la condena de Ismael 'El Mayo' Zambada en la seguridad nacional.
La reciente sentencia dictada contra Ismael 'El Mayo' Zambada en los Estados Unidos ha generado un profundo análisis sobre la estructura y el alcance de las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano. El analista político Federico Berrueto señaló que este fallo judicial no solo marca el fin de una era para una de las figuras más longevas del narcotráfico, sino que subraya una realidad innegable: los cárteles han evolucionado hasta convertirse en corporaciones criminales con capacidades operativas transnacionales que superan las estructuras convencionales de seguridad pública.
Berrueto enfatiza que el fenómeno del crimen organizado en México ha rebasado la capacidad de respuesta tradicional del Estado debido a su diversificación económica y su capacidad de penetración en diversos sectores sociales. Esta complejidad plantea un desafío mayúsculo para las instituciones encargadas de la seguridad, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, las cuales deben enfrentar no solo el tráfico de estupefacientes, sino también actividades ilícitas que se ramifican hacia mercados internacionales.
El análisis sostiene que la sentencia contra una figura de tal relevancia en la jerarquía delictiva obliga a replantear las estrategias de cooperación internacional y de inteligencia. Según Berrueto, mientras el Estado mexicano busca consolidar sus mecanismos de justicia, el sistema político y social debe reconocer que la lucha contra estas organizaciones requiere una visión que trascienda la coyuntura, enfocándose en la desarticulación de las redes financieras y operativas que permiten la persistencia de estos grupos a pesar de la captura de sus liderazgos.
Finalmente, se destaca que la resolución del caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el Poder Judicial y las capacidades de la Fiscalía General de la República para asegurar que la justicia se aplique con eficacia en territorio nacional. La reflexión invita a las autoridades a considerar que la seguridad es un problema multicausal que exige una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno, desde los municipios hasta la federación, para recuperar el tejido social afectado por la influencia de estas estructuras delictivas.
