PAN solicita juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) presentó formalmente ante el Congreso de la Unión una solicitud de juicio político y la declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Esta acción surge tras el retorno a sus funciones del gobernador Rubén Rocha Moya, decisión que, según la postura del partido, ha profundizado la crisis de gobernabilidad y seguridad que enfrenta la entidad en las últimas semanas.

El bloque parlamentario del PAN argumentó que las condiciones actuales en Sinaloa impiden el ejercicio democrático y la salvaguarda de los derechos ciudadanos. A través de un comunicado, los representantes panistas exhortaron a las bancadas de Morena y sus aliados a respaldar el proceso legislativo, calificando la situación local como una falta de cumplimiento a las obligaciones constitucionales del titular del Ejecutivo estatal.

La solicitud presentada invoca la facultad del Senado de la República para declarar la desaparición de poderes en una entidad federativa cuando los titulares de los poderes constitucionales quebranten los principios del régimen federal o abandonen el ejercicio de sus funciones. En este sentido, los promotores de la iniciativa buscan que se abra un debate parlamentario que permita evaluar las omisiones administrativas y de seguridad pública señaladas en los informes ciudadanos de la región.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno de Sinaloa ha mantenido una postura de reserva ante los señalamientos políticos. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial sobre la procedencia jurídica de la solicitud panista, mientras el Congreso de la Unión deberá turnar el expediente a las comisiones correspondientes para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen el inicio formal del procedimiento solicitado.

El ambiente político en la capital del país se mantiene a la expectativa sobre la postura que tomará la mayoría legislativa en ambas cámaras. La resolución de este conflicto dependerá de los consensos políticos y de la interpretación constitucional que los legisladores realicen sobre el estado actual de la administración pública en la entidad sinaloense durante este periodo legislativo.