México solicita extradición de Linda Cristina Pereyra por presunto lavado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que el gobierno federal ha iniciado formalmente los trámites ante las autoridades de Estados Unidos para solicitar la extradición de Linda Cristina Pereyra. La ciudadana es señalada por su presunta implicación en delitos de lavado de dinero y peculado, cargos vinculados a las investigaciones que se siguen por el manejo de recursos públicos durante administraciones pasadas.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo explicó que la solicitud fue gestionada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República. El objetivo principal de esta acción es que la implicada rinda cuentas ante el sistema de justicia mexicano por las irregularidades financieras detectadas en años recientes, las cuales habrían involucrado fondos del erario público.

La Fiscalía General de la República ha trabajado en la integración de los expedientes necesarios para sustentar esta petición legal bajo los tratados internacionales vigentes entre México y Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han mantenido un seguimiento puntual sobre la situación jurídica de la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, buscando asegurar que los procesos judiciales se lleven a cabo con pleno respeto a la autonomía de las instituciones involucradas.

Por el momento, el gobierno federal se mantiene a la espera de la respuesta de las autoridades estadounidenses para determinar los tiempos y procedimientos de traslado. La presidenta subrayó que el compromiso de su administración es combatir la impunidad en todos los niveles, enfatizando que las investigaciones sobre el desvío de recursos públicos continuarán su curso conforme a la ley sin distinciones ni excepciones.

Este proceso legal representa un capítulo más en la serie de investigaciones que involucran a exfuncionarios de alto nivel y sus entornos familiares. El Ejecutivo Federal reafirmó que el Estado mexicano agotará todas las instancias diplomáticas y jurídicas necesarias para garantizar que los activos presuntamente malversados sean investigados a fondo por las autoridades competentes.