Madre de Dafne Zapata rechaza cierre de escuelas militarizadas en México

La madre de Dafne Zapata expresó esta semana su firme oposición ante los planteamientos de cerrar las escuelas militarizadas en el país. A través de un posicionamiento público, la mujer argumentó que estas instituciones desempeñan un rol relevante en la formación académica y disciplinaria, por lo que su desaparición no debería ser una prioridad en la agenda educativa actual.

El argumento central de su postura radica en la situación de los procesos legales vinculados al caso de su hija. Según lo expuesto, la madre de Dafne Zapata enfatizó que aún faltan numerosas personas por detener y procesar ante la Fiscalía General de la República, por lo que considera que la atención de las autoridades debe centrarse en la justicia y no en la reestructuración de modelos escolares que, a su juicio, siguen siendo necesarios.

Esta declaración surge en un momento donde diversos sectores discuten la pertinencia de mantener el enfoque militarizado en la educación media superior. Mientras algunos grupos civiles exigen una transición hacia modelos pedagógicos estrictamente civiles, los defensores de estos centros, entre ellos familiares de víctimas, sostienen que la disciplina y el entorno controlado son factores que no deben ser eliminados de manera apresurada.

Por el momento, no se ha oficializado ningún decreto desde la Secretaría de Educación Pública ni desde la Secretaría de la Defensa Nacional que confirme la cancelación definitiva de dichos programas. La madre de Dafne Zapata reiteró que su exigencia principal sigue siendo la resolución completa de las carpetas de investigación y la captura de todos los implicados en los hechos que afectan a su familia.

Finalmente, el debate permanece abierto en la opinión pública mientras se espera que las autoridades competentes ofrezcan mayor claridad sobre el futuro de estas instituciones. Los allegados a la familia han solicitado que cualquier cambio en la estructura educativa sea consultado de manera amplia, garantizando que el interés superior de los estudiantes y el acceso a la justicia sean los ejes rectores de cualquier decisión administrativa.