Edición Nº 8491
Diario del País

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México

Investigan a Paola Mandri Figueroa por presunto fraude inmobiliario en México

Paola Mandri Figueroa, socia de la plataforma Nomad, enfrenta señalamientos legales junto a su esposo Diego Sebastián Rosen por irregularidades en la renta de propiedades vacacionales.

Redacción Diario del País
Foto: sdpnoticias.com

Paola Mandri Figueroa, reconocida en el sector inmobiliario como socia de la plataforma Nomad, ha sido señalada en las últimas semanas por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con la renta de inmuebles vacacionales. La empresaria, quien desarrolla sus operaciones comerciales junto a su esposo, Diego Sebastián Rosen, es actualmente objeto de investigaciones para determinar el alcance de las denuncias presentadas por usuarios de su plataforma.

Las acusaciones contra Mandri Figueroa y Rosen se centran en la gestión de propiedades que, según los denunciantes, no cumplían con las condiciones prometidas al momento de la contratación o que presentaban irregularidades legales en su ocupación. Estos hechos han derivado en una serie de procesos ante las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer la naturaleza de los contratos y el destino de los recursos económicos involucrados en las transacciones de las casas vacacionales.

Aunque la defensa legal de los implicados ha mantenido una postura de reserva, el caso ha cobrado relevancia pública debido a la creciente preocupación sobre la regulación de las plataformas digitales de alojamiento en México. La Fiscalía General de la República y diversas autoridades locales han recibido reportes ciudadanos que exigen una revisión detallada sobre la transparencia en el manejo de los contratos que gestiona la empresa Nomad en distintos destinos turísticos del país.

Hasta el momento, no se han dictado medidas cautelares definitivas, pero las autoridades continúan recabando testimonios de afectados y revisando la documentación corporativa de la firma. La situación pone de relieve los retos que enfrenta el sector de servicios digitales y la importancia de fortalecer los mecanismos de protección al consumidor ante prácticas comerciales que pudieran derivar en responsabilidades penales o administrativas en el marco de la legislación mexicana actual.

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