Fortaleza institucional es clave para la seguridad en México, afirman especialistas

La seguridad pública en México enfrenta un debate crucial sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas de vigilancia cotidiana frente a la necesidad de fortalecer las instituciones civiles. Este miércoles, expertos en políticas públicas subrayaron que una democracia sólida no se mide por la cantidad de elementos castrenses que patrullan las calles, sino por la capacidad de las corporaciones civiles para prevenir y sancionar el delito desde un enfoque de justicia y respeto a los derechos humanos.

La estrategia actual, que involucra a la SEDENA y a la SEMAR en labores de seguridad pública, ha sido objeto de análisis constante en el Congreso de la Unión. Si bien el despliegue de la Guardia Nacional ha buscado contener la violencia en diversas entidades federativas, especialistas señalan que el uniforme no debe sustituir la estructura institucional necesaria para una paz duradera. La premisa es que el mando civil debe prevalecer para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia ante la ciudadanía.

En los últimos meses, diversos sectores de la sociedad civil han propuesto que el fortalecimiento de las fiscalías locales y las policías municipales sea la prioridad en la agenda presupuestal. La idea central es que la inversión en inteligencia, capacitación técnica y profesionalización de los cuerpos civiles permitirá una transición ordenada, donde las tareas de seguridad vuelvan gradualmente a su ámbito administrativo original, dejando a las fuerzas armadas sus funciones constitucionales específicas.

Por su parte, el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado en diversas ocasiones que el objetivo del Gobierno Federal es consolidar una policía nacional capaz de asumir el control total del territorio. En este sentido, se proponen reformas legislativas para robustecer el marco jurídico que regula la actuación de las autoridades locales, buscando que el Sistema Nacional de Seguridad Pública funcione como un engranaje eficiente y no solo como una plataforma de coordinación operativa.

El desafío para los próximos años radica en transformar las capacidades institucionales para que el Estado mexicano pueda responder de manera integral ante los retos de inseguridad. La consolidación de un sistema de justicia eficaz, apoyado por una estrecha colaboración entre el Poder Judicial y las secretarías de Estado, es considerada la ruta indispensable para alcanzar una estabilidad que trascienda la presencia de patrullajes militares en las zonas urbanas del país.