Diputados aprueban nueva Ley Catastral; oposición alerta sobre posible incremento predial

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la nueva Ley Catastral, una iniciativa que busca homologar los registros de propiedad a nivel nacional y avanzar en la digitalización de la información inmobiliaria del país. El dictamen, que ahora deberá ser discutido y votado en el Senado de la República, pretende establecer criterios uniformes para la valuación y registro de bienes raíces, con el objetivo de modernizar los procesos administrativos que actualmente varían significativamente entre las entidades federativas.

Durante la sesión legislativa, integrantes de las fracciones parlamentarias de oposición manifestaron sus reservas respecto al alcance de esta normativa. Los legisladores advirtieron que la homologación de los registros podría derivar en una actualización generalizada de los valores catastrales, lo que, en la práctica, facilitaría a los gobiernos municipales un incremento en la recaudación del impuesto predial. Según el planteamiento opositor, esta medida podría impactar directamente en la economía de los propietarios de inmuebles al elevar la carga fiscal local bajo el argumento de la actualización de valores.

Por su parte, los legisladores que respaldaron la propuesta argumentaron que la ley es necesaria para reducir la opacidad en la gestión de la propiedad y mejorar la eficiencia en la recaudación municipal. Los promotores de la reforma enfatizaron que la digitalización permitirá contar con una base de datos nacional confiable, eliminando discrecionalidades y facilitando trámites para los ciudadanos, sin que esto implique necesariamente un aumento automático en las tasas impositivas establecidas por los cabildos.

El debate se centró en la autonomía municipal frente a las nuevas atribuciones que la ley otorga a las instancias federales para coordinar la información catastral. Los opositores insistieron en que cualquier cambio en la metodología de valuación debe considerar el contexto económico de cada región y evitar que el proceso se convierta en una herramienta recaudatoria que afecte a las familias mexicanas. La discusión en el Senado se perfila como un espacio donde se buscarán acuerdos para clarificar si la ley garantiza la protección de los contribuyentes ante posibles alzas en los gravámenes sobre la propiedad. De ser ratificado por la Cámara Alta, el marco jurídico entrará en una etapa de implementación que requerirá la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para armonizar sus legislaciones locales con la nueva disposición nacional.