Despojo inmobiliario afecta a casi la mitad de las viviendas en CDMX
La falta de escrituración formal mantiene a 1.4 millones de hogares capitalinos en riesgo de invasiones y disputas legales.
Más de 1.4 millones de viviendas en la Ciudad de México se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el despojo inmobiliario, debido a la falta de certeza jurídica en la propiedad. Datos recientes indican que apenas el 51% de los propietarios en la capital cuenta con su patrimonio debidamente regularizado, dejando al 49% restante expuesto a invasiones, ocupaciones ilegales y fraudes en la compraventa de inmuebles.
El fenómeno del despojo ha cobrado relevancia en diversas alcaldías, donde la ausencia de escrituras públicas impide a los dueños ejercer una defensa legal efectiva ante los tribunales. Esta problemática se agudiza cuando los legítimos poseedores no cuentan con los documentos catastrales actualizados, una situación que suele ser aprovechada por grupos delictivos dedicados a la apropiación ilícita de predios y departamentos en zonas de alta plusvalía.
Especialistas en derecho inmobiliario señalan que la burocracia en los procesos de escrituración y los costos notariales representan las principales barreras para que las familias obtengan seguridad jurídica. Muchos ciudadanos habitan inmuebles heredados de generación en generación mediante contratos privados que carecen de validez oficial, lo que complica cualquier intento de regularización ante el Registro Público de la Propiedad.
Ante este panorama, autoridades locales y organismos especializados han sugerido la implementación de jornadas permanentes de asesoría gratuita y la simplificación de trámites administrativos para abatir el rezago documental. El objetivo es incentivar la formalización de la propiedad antes de que los conflictos legales escalen a instancias penales, donde la recuperación de un inmueble puede prolongarse durante años en los juzgados civiles de la capital.
La seguridad patrimonial de las familias mexicanas depende, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para agilizar la certeza legal sobre la tierra y las construcciones. La protección contra el despojo no solo requiere de vigilancia en campo, sino de una política pública integral que facilite el acceso a la escrituración definitiva para los sectores con mayor rezago en la Ciudad de México.
