Desplazados de Buenavista cumplen un año sin retorno a sus hogares
Familias de Buenavista permanecen fuera de sus viviendas tras la irrupción de un grupo armado proveniente de Santa María Yolotepec hace un año.

A un año de la irrupción violenta ocurrida en agosto de 2025, las familias desplazadas de la localidad de Buenavista mantienen su exigencia de retornar a sus hogares. El conflicto, derivado de la incursión de un grupo armado procedente de Santa María Yolotepec, provocó el abandono forzado de decenas de viviendas y la interrupción total de las actividades cotidianas en la zona.
Desde que se registraron los hechos, los afectados han solicitado de manera recurrente la intervención de las autoridades estatales y federales para garantizar condiciones de seguridad que permitan su retorno. A pesar de las mesas de diálogo instaladas con la Secretaría de Gobernación y las autoridades locales, los desplazados señalan que no existen las garantías necesarias para habitar nuevamente sus propiedades sin el riesgo de nuevas agresiones.
La Guardia Nacional y elementos de la policía estatal mantienen operativos de vigilancia intermitente en las inmediaciones de los límites territoriales; sin embargo, los vecinos aseguran que la presencia de civiles armados en las colinas aledañas persiste. Esta situación ha impedido que los servicios básicos, como la energía eléctrica y el suministro de agua, sean restablecidos plenamente en la zona afectada.
Por su parte, las dependencias encargadas de la seguridad pública han reiterado que se trabaja en un plan integral para la pacificación de la región. Las autoridades han propuesto la creación de puestos de control permanentes y la implementación de programas de atención a víctimas para quienes han perdido su patrimonio o sustento a causa de la violencia.
Mientras tanto, la mayoría de las familias desplazadas continúa habitando en albergues temporales o en viviendas de familiares en municipios cercanos. El futuro de su regreso sigue siendo incierto mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las carpetas de investigación por los delitos cometidos durante la invasión de hace un año.


