Denuncian indefensión de víctimas de violencia digital tras ataques coordinados

Una menor de edad y su madre enfrentan una grave situación de vulnerabilidad tras ser blanco de una campaña de acoso digital, presuntamente orquestada por el padre de la víctima. Los hechos, que han escalado en las últimas semanas, incluyen la difusión no consentida de materiales íntimos y la incitación a grupos de la llamada machósfera para perpetrar ataques coordinados contra ambas mujeres en redes sociales, agravando el daño emocional y la exposición pública de la menor.

Ante la denuncia interpuesta, agentes del Ministerio Público han manifestado dificultades técnicas y procedimentales para acreditar el delito conforme a lo estipulado en la Ley Olimpia. Según reportes locales, el personal ministerial alega desconocimiento sobre cómo integrar las carpetas de investigación ante la naturaleza volátil y transnacional de las plataformas digitales, lo que ha derivado en una dilación del acceso a la justicia para las afectadas.

La Ley Olimpia, vigente en el marco jurídico mexicano, tiene como objetivo sancionar la violencia digital y proteger la intimidad sexual de las personas. Sin embargo, las víctimas señalan que la falta de capacitación especializada en las fiscalías estatales impide que los mecanismos de protección se activen con la celeridad necesaria para frenar la revictimización y el acoso persistente en entornos virtuales.

Colectivos feministas han hecho un llamado a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia para que se asignen peritos especializados en delitos informáticos y ciberseguridad. Argumentan que la persistencia de estos ataques no es un hecho aislado, sino una modalidad de violencia de género que requiere una respuesta coordinada entre la Secretaría de Seguridad y las instancias judiciales para garantizar la integridad de las víctimas.

Por su parte, el equipo legal de las afectadas ha solicitado medidas de protección urgentes para evitar la difusión continua de contenido que vulnere la dignidad de la menor. La sociedad civil permanece atenta a la resolución del caso, subrayando la urgencia de que los operadores de justicia superen las lagunas en la aplicación de la ley frente a las nuevas formas de violencia en la era digital.