Álvarez Máynez solicita el desafuero de Rubén Rocha Moya ante el Congreso
El dirigente político Jorge Álvarez Máynez ha formalizado una petición para retirar el fuero constitucional al gobernador de Sinaloa tras su reincorporación al cargo.
Jorge Álvarez Máynez, figura relevante del escenario político nacional, solicitó formalmente ante la Cámara de Diputados el inicio de un proceso de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta petición se presenta apenas unos días después de que el mandatario estatal retomara sus funciones públicas al frente del Poder Ejecutivo en la entidad, tras un periodo de ausencia que generó diversas reacciones en la vida política del estado.
La solicitud presentada por el excandidato presidencial sostiene que existen elementos suficientes para que el Congreso de la Unión inicie un procedimiento de declaración de procedencia. De acuerdo con la postura difundida por su equipo, la intención es que el gobernador se separe temporalmente de su encargo para enfrentar posibles investigaciones de carácter judicial sin la protección que le otorga su actual inmunidad constitucional.
El requerimiento fue entregado en las oficinas legislativas con el argumento de garantizar la transparencia en la gestión pública y permitir que las autoridades competentes realicen las indagatorias pertinentes. Según el equipo cercano a Álvarez Máynez, esta acción busca fortalecer el estado de derecho y asegurar que las funciones gubernamentales en Sinaloa se desarrollen bajo un marco de rendición de cuentas claro ante la ciudadanía sinaloense.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya ha mantenido su agenda de trabajo tras su regreso a la gubernatura, enfocándose en la atención de los programas sociales y la situación de seguridad en la región. Hasta el momento, el Congreso de la Unión no ha emitido una respuesta formal sobre el inicio de los procedimientos administrativos para procesar la solicitud presentada por el dirigente político.
Este movimiento legislativo abre un nuevo frente de debate en la política nacional sobre los límites de la inmunidad de los funcionarios públicos y los procesos de desafuero en México. Analistas políticos señalan que el trámite seguirá los cauces institucionales establecidos en la Constitución, donde la Sección Instructora de la Cámara de Diputados deberá evaluar si la petición cumple con los requisitos legales necesarios para proceder con el juicio de procedencia.
