Alejandro Moreno anuncia acciones legales internacionales ante presuntos atropellos institucionales
El dirigente nacional del PRI formalizó su decisión de acudir a instancias internacionales para denunciar lo que califica como un despliegue autoritario en México.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó este jueves su determinación de interponer denuncias ante diversos organismos nacionales e internacionales. La medida responde a lo que el líder partidista ha calificado como un despliegue autoritario que, a su juicio, vulnera el Estado de derecho y las garantías democráticas en el país. El anuncio se produce en un momento de tensión política donde diversas fuerzas de oposición han señalado preocupaciones respecto al actuar de las instituciones del Estado.
El dirigente priista sostuvo que el objetivo de recurrir a estas instancias es visibilizar los obstáculos que, según su equipo de trabajo, enfrentan los actores políticos críticos y las organizaciones civiles. Moreno enfatizó que la estrategia legal busca documentar presuntos abusos de poder y presiones indebidas, solicitando que observadores externos analicen el clima de libertades civiles y la independencia de los organismos autónomos en México.
Desde el equipo de comunicación del partido se informó que se prepara una agenda de reuniones con representantes de organismos de derechos humanos y entes multilaterales. La intención, aseguran, es presentar expedientes que detallen las denuncias sobre el uso faccioso de las instituciones gubernamentales para incidir en el terreno político-electoral y acallar voces disidentes en el Congreso de la Unión.
Esta ofensiva jurídica se suma a los debates actuales dentro de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde las bancadas de oposición han mantenido una postura de confrontación respecto a las reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal. Los legisladores del PRI han manifestado que mantendrán la vigilancia sobre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, buscando evitar que los procesos legales sean utilizados con fines de persecución política.
Por su parte, el Gobierno Federal ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones, reiterando que las actuaciones de las dependencias, como la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía, se apegan estrictamente al marco constitucional. La administración sostiene que no existe persecución alguna y que las acciones emprendidas corresponden a investigaciones sobre el ejercicio del servicio público, desestimando los señalamientos de autoritarismo como parte de una estrategia política de cara al contexto electoral vigente.
