Adrián LeBarón cuestiona sentencia solicitada por FGR en caso de masacre
Adrián LeBarón expresó su desacuerdo ante la solicitud de la Fiscalía General de la República de dictar diez años de prisión a un implicado en el ataque de 2019.

Adrián LeBarón manifestó este martes su inconformidad ante la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) de imponer una pena de diez años de prisión a uno de los presuntos implicados en la masacre ocurrida en noviembre de 2019, donde fueron asesinadas nueve personas, entre ellas mujeres y menores de edad, en los límites de Sonora y Chihuahua. El activista señaló que esta sentencia resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos que enlutaron a su familia y marcaron un precedente de violencia en la región.
La postura de la familia LeBarón se centra en la exigencia de una justicia que sea proporcional a los delitos cometidos, argumentando que la penalidad solicitada por el Ministerio Público Federal no satisface las expectativas de reparación del daño ni garantiza un mensaje contundente contra la impunidad. Según los representantes del activista, la solicitud de la FGR ha generado un proceso de revisión y cuestionamiento sobre la estrategia jurídica seguida por la dependencia frente a los presuntos responsables de este crimen organizado.
Desde que ocurrieron los hechos, la familia ha mantenido una vigilancia constante sobre el avance de las investigaciones y los procesos judiciales en curso ante los tribunales federales. La preocupación principal radica en que los acuerdos o sentencias dictadas no reflejen la magnitud de la tragedia, la cual ha sido objeto de múltiples peticiones de justicia tanto en el ámbito nacional como en el internacional durante los últimos años.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una respuesta pública detallada sobre la estrategia procesal específica en este caso particular, mientras el Poder Judicial mantiene el curso de las audiencias programadas. La familia LeBarón ha reiterado que continuará con sus acciones de incidencia y acompañamiento legal para asegurar que cada uno de los implicados enfrente las consecuencias legales adecuadas por su participación en los eventos ocurridos en la sierra sonorense.


